Un acuerdo para acusar a acusados. Es lo nuevo con lo que se despacha el ministerio público del país. Cómo se explica, sin cuestionar la legalidad y beneficios de estos pactos en los procesos judiciales, que uno de los principales  imputados de un juicio negocié con la fiscalía para acusar a sus compañeros de expedientes de lo mismo que ya estaban imputados; no para aportar nuevos datos -que las mismas declaraciones demuestran que los hay, que están ahí, en las narices de todos-. Cómo la enjuiciada puede aducir que no mencionará otros nombres porque no están en el expediente y ya y todos lo aceptemos así.

¿Qué pasa, acaso los dominicanos somos bobos?, por favor, quitémonos de una vez el penacho que llevamos en la cabeza desde hace más de 500 años. Evidentemente estamos ante un nuevo giro en el caso, que implica exponer minuciosamente cada nuevo dato, con actores incluidos y su función en la denominada red de narcotráfico.

Los testimonios de Sobeida Félix Morel y Leavy Nin Batista demandan que la fiscalía asuma otra posición, con un enfoque que dé respuesta a las nuevas interrogantes que han emergido -que no son más que nuevas figuras en la red, que están ocultas, pero de cuya existencia siempre se ha sospechado. La sociedad necesita esos nombres y su posterior sometimiento. Solo así el ministerio público podrá salir con la frente en alto de esta maraña que destapó hace unos años. Ahora que no venga con qué lo que pasó fue esto o lo otro, que el caso no da para más y otras bobadas.

Tal como está, el acuerdo no aporta nada, porque se supone que sí el ministerio público sometió al grupo era porque poseía pruebas que se traducirían en un veredicto condenatorio -que de hecho fue lo que declaró en varias ocasiones- y que sí negoció con una parte de los inculpados, como evidentemente lo hizo, fue para lograr más de lo que tenía.

De continuar así el proceso, todo se traduciría en un drama con matiz de comedia, donde lo que se debate es la calidad moral de una de las acusadas. Sobeida que honre su promesa de decir “la verdad” y dé nombres y la fiscalía que actúe en consecuencia.
Sandra Guzmán es periodista
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