La campaña de un 4% del PIB para la educación no es una inocentada para que el país se exponga a que el Poder Ejecutivo despilfarre los recursos del presupuesto nacional, que, a fin de cuentas, andan repartidos en otras prioridades y expuestos al mismo peligro.

Esta exigencia, que data de la aprobación de la Ley General de Educación en 1997 y que deja de ser de las organizaciones de la sociedad civil para convertirse en una consigna de la gente, inclusive de la gente que no se congrega, es un compromiso con la institucionalidad del país. 

Una nación que se dé el lujo de discutir si puede o no cumplir con una ley no puede aspirar a un Estado donde se respete la inversión pública. Así la demanda del 4% implica de por sí el reclamo de que los recursos estén bien invertidos y de que los ejecutivos gubernamentales no los utilicen para nóminas abultadas, nominillas, ayudas a “compañeros de la base” y sustentación parasitaria -e ilegal- de estructuras electoralistas.

Los actores responsables del presupuesto nacional nunca se han dado del lujo de regatear las partidas presupuestarias que el Congreso maneja con autonomía, aunque esta parcela del Estado nunca encuentre qué hacer con tanto dinero, salvo que sea adquirir obras de arte, asegurarse confort, repartirse “fondos sociales” y “barrilitos” y aumentarse permanentemente los salarios y beneficios colaterales, para nada misceláneos.

El reclamo por el 4% tampoco excluye el diálogo, ni siquiera el escenario de un consenso –todavía ilegal- para aplicar esa proporción de manera gradual. Pero sí parte desde la certeza de que esa gradualidad debió comenzar desde la promulgación de la Ley, de que el ex presidente Hipólito Mejía (2000-2004) tuvo oportunidad de llevar hasta el 100% y que el presidente Leonel Fernández ha contado con seis años (desde 2004) para dar el ejemplo.

No señor. No se trata de una moda, tampoco de una línea estratégica que lanzó algún  líder maquiavélico y que miles y miles siguen como borregos. Es cierto que en toda ola de opinión pública existe un ideólogo del mensaje central, alguien que se sube en el carro para obtener beneficios políticos, otros que manipulan con intereses mezquinos y un gran grupo que asiente sin mayor profundización.

Pero esta vez está envuelto un fenómeno de creciente impacto: Un movimiento fuerte que interactúa en múltiples espacios, entre ellos los virtuales, y que no se limita a esperar que los grupos de poder, servidos de los medios formales de comunicación, les tracen agenda y directrices. A los medios les sigue quedando la responsabilidad de informar y si no lo hacen la gente se enterará por otra vía.

Nicanor Leyba es periodista
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla