Es indudable que con la reunión del miércoles en la noche en el Palacio Nacional, el Gobierno del presidente Leonel Fernández envía un mensaje al Poder Judicial, y que podría ser sacándole en cara que una de sus integrantes, en este caso la jueza Rosanna Vásquez, no actuó acorde a las normas que se deben observar en situaciones como las que ella manejó, y en un caso que de inicio involucraba la actuación de todos los organismos de seguridad del Estado.
Precisamente, fueron los incumbentes de esos organismos los que participaron en el encuentro del pasado miércoles con el presidente Fernández.
Con la afirmación del mandatario, de que es “una burla a la sociedad” la facilidad con que Sobeida Féliz Morel obtuvo su libertad, indiscutiblemente que es un ataque directo a la instancia judicial que tuvo a su cargo el veredicto y, por ende, al Poder Judicial.
Rápida respuesta
La respuesta del estamento judicial no se hizo esperar.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, respondió a cuestionamientos de la prensa en el sentido de que algunos jueces han manifestado que bajo ninguna circunstancia concederán libertad provisional bajo fianza, debido a las críticas emanadas por decisiones de tribunales referentes a medidas de coerción tal y como lo establece el Código Procesal Penal.
La propia jueza Rosanna Tavárez, la misma que tuvo a su cargo la medida que puso en la calle a Sobeida Féliz, ha dicho que ella aplicó la voluntad que emana del polémico Código.
Hay que estar pendiente al informe que dará a conocer el pleno de la Cámara Penal de la Suprema Corte, que analiza la decisión adoptada por la jueza en cuestión.
Mientras tanto, el caso Sobeida ha servido para que instancias oficiales se echen algunos trapitos al sol. Como el caso de Migración, que culpa al Ministerio Público de no avisarle a tiempo.
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