Comienza a desenredarse el embrollo de la historia policial que desde un principio la gente nunca creyó.
Constituye un despeje de la situación la visita ayer de comisionados del Ministerio Público y de la propia Policía Nacional para indagar en el terreno de los hechos la veracidad en torno a las circunstancias en que fueron muertos dos supuestos secuestradores del joven Eduardo Baldera Gómez.
Las indagatorias y los interrogatorios practicados ayer a los alcaldes y lugareños corrobora lo que ya es un secreto a voces: que esas personas murieron estando en poder de la Policía.
En entredicho
Si se comprueba que ello es así, pues la institución llamada a garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, pues queda en entredicho, y sin apoyo para seguir siendo una voz autorizada.
A través de toda su historia, la Policía Nacional no siempre ha podido resolver todos los casos en los que tiene que actuar.
Los ha habido que pese a todos los esfuerzos desplegados quedan en etapa primaria, sin que nunca lleguen a solucionarse.
Todo indica que en el caso del secuestro se actuó en forma precipada.
Respuesta esperada
Hay que estar pendiente a la respuesta que va a dar la Junta Central Electoral al informe rendido por la Cámara de Cuentas, luego de la auditoría practicada al tribunal de comicios.
Aunque, se sabe de antemano que los jueces electorales en su mayoría han adelantado que no todo lo que se dice en ese informe obedece a la verdad.
Es decir, han ejercido el derecho a la defensa, lo que en el argot criollo se resume en “el derecho al pataleo”.
El presidente de la JCE adelanta que las respuestas que se darán a la Cámara de Cuentas serán acompañadas de documentos y pruebas que demuestran lo contrario de lo que afirma la CC.
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