Desde hace varias semanas el país está inmerso en campaña electoral. Las correrías de políticos y parciales, en especial durante los fines de semana, no nos dejan mentir.
Nueva vez está el proselitismo de políticos que aspiran a llegar a cargos electivos en las distintas comunidades del país.
Desde Nagua hasta Barahona; desde Montecristi hasta Higüey, y desde Elías Piña hasta Samaná, para citar lugares de extremo a extremo en la geografía nacional, los políticos elevan sus consignas de campaña y de llevar promesas a los electores.
Las pugnas intra Partido, que en ocasiones suelen ser tan traumáticas como las extrapartido, provocan enfrentamientos indeseados entre militantes de una misma organización, y hasta se llega a cometer actos de terrorismo, como ocurrió con la quema del local del comité municipal del PRD en San Pedro de Macorís.
Controles y recursos
La cuantía de recursos económicos que se emplea en una campaña electoral constituye un barril sin fondo.
Y los riesgos que se corren de que capital proveniente del lavado de activos pase a formar parte de los recursos a emplear por determinado candidato a legislador o a cargo municipal.
¿Con cuáles controles cuenta el país para evitar eso? ¿Podrá la Junta Central Electoral impedir el trasiego de dinero mal habido hacia determinados candidatos? Son interrogantes a las que no es tan fácil buscarles respuestas adecuadas y a tiempo.
Entre quienes tienen aspiraciones de llegar a un cargo electivo, siempre está el deseo de ganar a toda costa. Y para ello recurren a métodos fuera de ley.
Las tentaciones siempre están latentes entre personas que buscan dirigir. Pero nunca se debe permitir el uso de situaciones indecorosas para llegar a ello.
Entre los miles de aspirantes a posiciones electivas, congresionales y municipales, “se cuela” gente que no necesariamente tendrá las mejores intenciones.
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