El escándalo protagonizado por acusados de la muerte de siete extranjeros en la comunidad de Paya, Peravia, en la sala de audiencias donde se conocía el caso, ha causado revuelo por el carácter de las amenazas a los representantes del Ministerio Público.
El intento de los imputados de intimidar a los fiscales provocó sus efectos y ayer el procurador general salió en su defensa.
El magistrado Radhamés Jiménez adelantó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia el traslado del caso de San Cristóbal a la jurisdicción del Distrito Nacional, por razones de seguridad.
Y no es para menos, dado el irrespeto a los jueces y a la solemnidad que reviste el tribunal. Se han celebrado siete audiencias y todavía no se ha tocado el fondo del complicado caso, que involucra tanto a civiles como a militares.
La gravedad de este suceso requiere una respuesta firme por parte del Estado que no puede dar su brazo a torcer en la lucha contra el narcotráfico, que en los últimos días ha cobrado más vida con el hallazgo de gran cantidad de armas de guerra, millones de dólares y muchos kilos de drogas.
Preocupante
La advertencia de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sobre el giro que ha dado la reforma constitucional en la segunda lectura del proyecto, debe ser tomada en cuenta tanto por los asambleístas como por la sociedad en su conjunto.
Aspectos trascendentales para el futuro de la nación han sido variados fruto del acuerdo PRD-PLD que han impuesto su mayoría.
La entidad resalta que la lucha contra la corrupción se ve debilitada con devolver al Ejecutivo la facultad de enviar las ternas para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas.
De la misma manera el que se excluya a los titulares del Ministerio Público del sistema de carrera. Los diversos sectores de la sociedad deberán estar vigilantes a lo que se aprobará.
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