La práctica de movilizar votantes de una demarcación a otra, con la intención de favorecer a determinadas candidaturas, inflando su potencial votación de forma ilegítima, se ha utilizado con mucha frecuencia en los últimos procesos electorales, o al menos así ha sido denunciado de forma sistemática, especialmente por candidatos que se sienten afectados por ese tipo de maniobras.
Las mudanzas se convierten en masivas, y por ende sospechosas, pocos meses antes de cada proceso electoral, específicamente cuando se trata de elecciones legislativas y municipales, como son las que tendrá el país dentro de diez meses.
Ahora el tema sale nuevamente a colación ante denuncias hechas por un aspirante a senador, y la propia Junta Central Electoral (JCE) confirma, con datos, que los traslados están de moda en muchos puntos del país.
Acciones
Sin dudas, se trata de una práctica dañina, con potencial, en el peor de los casos, de incidir negativamente sobre los resultados electorales en una demarcación determinada.
La parte buena es que por primera vez la JCE pone atención al problema, admite su magnitud y anuncia acciones para combatirlo.
El presidente del organismo, Julio César Castaños, reconoce que se trata de una modalidad de fraude, mientras el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, deplora que con acciones de este tipo se pretenda variar la voluntad del electorado en ciertas comunidades.
La parte negativa es que, como ambos han admitido, no hay mecanismos legales para sancionar esta práctica.
Aunque la intención es controlarla, reclamando que cada mudanza a partir de ahora sea justificada, parece que los traslados que ya se hicieron, así se quedarán.
Es decir, que los candidatos que ya recurrieron a este recurso, podrían obtener una ventaja ilegítima, en perjuicio de sus adversarios.
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