Bien por el jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, de enviar a Asuntos Internos la dotación policial de Azua, la que se vincula al narcotráfico.
Las denuncias de complicidad de policías en Azua con la delincuencia vienen desde los tiempos de que la banda que dirigía Vladimir Pujols mató al periodista Juan Andújar hace alrededor de cinco años.
Por destempladas que parezcan las denuncias del valiente senador de Peravia, la realidad nos da de frente y el país está infestado de drogas.
Los pobres consumidores de narcóticos obtienen sus materiales en entrega a domicilio o en cualquier esquina quizá con más facilidad de adquirir un botellón de agua potable.
Es duro admitirlo, pero es así. En algunos barrios de la capital, en las calles y negocios casi es pública la venta de drogas y su consumo.
En las periferias de negocios de diversión de lujo de sectores de los denominados residenciales la situación no es tan diferente.
Si partimos de los bajos salarios que devengan los miembros de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no es de sorprendernos que muchos de sus afiliados hayan sido comprados con el maldito dinero del narcotráfico.
Si ahondamos en el masivo consumo de drogas y la impunidad de que gozan sus vendedores (todo el mundo saben quiénes son y en qué lugares pueden adquirse estos materiales), las cosas que denuncia Guerrero se quedan cortas.
Perdón a jóvenes
Insistimos ante el secretario de Educación que por tratarse de adolescentes debería modificarse la sanción contra más de 800 estudiantes que por cometer fraude tendrán que esperar un año más para seguir sus estudios.
Creemos que son piedras muy pequeñas para querer aplicar estricta justicia y severidad. Modifiquen la sanción y permítanle examinarse de nuevo para que sigan estudiando.
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