Salvo algunos coletazos propios de la carencia de una Ley de Partidos Políticos, la JCE se afianza en la percepción pública de que sus miembros se colocan por encima de los intereses partidarios en aras de unas elecciones de medio término pulcras y transparentes.

Al menos, con el rechazo a candidaturas impuestas, ha puesto claras las reglas de un juego en que las trampas son las armas de los jugadores.