Amnistía Internacional acaba de certificar lo que hemos venido señalando acerca de la conducta de la Policía Nacional. Pero era necesario que un organismo de este género lo hiciera. Quizás ahora las autoridades le presten atención, y cuando decimos las autoridades, nos referimos a la Presidencia de la República, Interior y Policía y la Jefatura policial.

Amnistía estableció residencia en República Dominicana y produjo una verdadera radiografía de una institución carcomida por toda clase de prácticas violatorias de los derechos de las personas, corrupción y descomposición en grado extremo.

La organización hizo amplias consultas con policías activos y retirados, funcionarios de la Procuraduría General de la República, representantes de Interior y Policía, periodistas, abogados, profesores universitarios, grupos de la sociedad civil y organizaciones sociales, y levantó su informe entre 2005 y 2011, sobre las gestiones de Bernardo Santana Páez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y el actual jefe José Armando Polanco Gómez durante la gestión del presidente Leonel Fernández.

El informe de Amnistía no retrata una policía propia de una sociedad democrática, con una Constitución recién proclamada que define a la República Dominicana como “un Estado Social y Democrático de Derecho”, fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Por las prácticas y procedimientos que detalla Amnistía, con propiedad y calidad, con cifras y casos específicos, nos delatan como una sociedad gobernada por una dictadura militar o civil, típica de la época de la guerra fría. Ese proceder policial sugiere que aunque las circunstancias políticas e históricas han cambiado, los métodos de los policías dominicanos no. Siguen intactos, como en los viejos tiempos de Trujillo o los doce años de Balaguer.

Amnistía nos presenta “homicidios ilegítimos”, los muertos en “intercambios” que la población reconoce como “ejecuciones”. Y declara responsabilidad policial sobre el 15% de las muertes violentas. Documenta torturas y vejaciones, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, corrupción policial, obstrucción a la justicia y resistencia a la reforma, entre otras prácticas al margen de la ley,  todo lo que sabemos los dominicanos.

Y todo ocurre también, por falta de voluntad para erradicarlo.