Lo bueno de la democracia que los dominicanos tratamos de construir es que lo discutimos todo, aunque sea como deporte nacional. Es lo que ocurre con el reglamento de la ley de Migración, aprobado después de una larguísima espera. El mismo tiene valor, porque crea una normativa que dejará atrás las prácticas que conducen al país ante organismos internacionales, a veces por causa justa o malvada.

El reglamento, por más que se diga, es bueno. Para comenzar, sienta las bases para manejar con más propiedad la inmigración ilegal.
Quizás debió ir acompañado de una amnistía de seis meses para todos los ilegales, período en el que se registraría y se concedería el carnet previsto. Sería un reconocimiento de una realidad, para establecer un control. Es preferible ubicarlos y documentarlos de esa forma. Quizás es la parte más difícil de implantar.

De todas formas, el reglamento es oportuno. Crea un Instituto Nacional de Migración para estudiar las causas y consecuencias de las migraciones. Manejado con un sentido profesional y libre de prejuicios, jugaría un importante papel para la República, en todos los planos.

Desde el punto de vista de la cotidianidad de la política migratoria, crea las herramientas para resolver cuestiones que son una fuente de conflicto y que colocan a la República en situaciones incómodas, como el caso de los extranjeros nacidos en el país, con un estatus legal o ilegal. También se define claramente al ciudadano de la frontera, el “fronterizo” que cohabita a uno y otro lado de la misma sin estatus definido.

El reglamento también establece las categorías de residencias, desde las comunes, las de estudiantes, hasta los regímenes especiales para inversionistas y gente de negocios.

Aunque deja claro cuándo procede una deportación o expulsión, persisten debilidades  al instituir que cuando el extranjero no residente  permanezca más allá del tiempo previsto,  “será conminado a abandonar el país, o renovar su estadía ante las autoridades competentes…” lo que abre un “incierto escenario” que se presta a manipulación indebida. Podemos encontrar defectos y vacíos, pero es un principio para un país con una frontera porosa.

Para que el reglamento sea efectivo, la Dirección General de Migración necesitará recursos económicos. De lo contrario, será letra muerta.