Aunque tanto en Tegucigalpa como en Washington y gran parte del continente se habla ya de una solución definitiva a la crisis de Honduras, una serie de elementos aconsejan todavía cierta cautela para asegurar un triunfo de la democracia frente al golpismo.
Los negociadores en la crisis presentaron el documento del llamado pacto Tegucigalpa-San José a la secretaría del Congreso hondureño, pero desde ciertas esferas del poder de facto se ha advertido que, como ente soberano, podrá aprobar o desestimar la reinstalación del derrocado presidente Manuel Zelaya.
Lo único que parece un tanto claro es que, a más tardar el 5 de noviembre, se deberá conformar el gobierno de unidad y reconciliación nacional, integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, entre los que figuran seguramente miembros de grupos que alentaron la asonada militar y la usurpación del poder.
El Congreso de Honduras, que fue parte esencial del golpe de Estado, pues de ese órgano salió el presidente golpista Roberto Micheletti, responsable de las muertes y la represión a que ha estado sometido el pueblo hondureño durante cuatro meses, paradójicamente es el que tiene nuevamente en sus manos la suerte de un presidente constitucional.
Sin embargo, será necesario esperar el epílogo de este deplorable sainete, ya que la crisis de la hermana nación centroamericana habrá que visualizarla, y también valorarla, dentro del campo de lo posible, no dentro de lo deseable en términos auténticamente democráticos, pues aun los golpistas fanfarronean diciendo que al Congreso no le pueden imponer agendas.
El hecho de que Zelaya haya decidido permanecer refugiado en la embajada brasileña con una tajante proclama de que “no me voy para ningún lado”, a pesar de expresar su satisfacción por lo que calificó como "pronta restauración de la democracia", indica que mantiene cierta reserva frente a los golpistas y en cuanto a su seguridad personal.
Es de esperar, sin embargo, que tras la decisiva presión diplomática de Estados Unidos, la crisis hondureña tenga una salida digna, restituyendo no solo a Zelaya sino también la libertad y el estado de derecho.
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