La propiedad privada debe ser para cada ciudadano o ciudadana todo bien que no es de su pertenencia; no importa cuál persona o institución, incluyendo el Estado, sea su propietario, si no es suyo, entonces es ajeno y es privado.

Constantemente se registran en la capital y en diversos puntos del país desalojos de personas porque han ocupado terrenos privados o propiedades del Estado, con el argumento de que son pobres padres de familia que necesitan un espacio para vivir. Lo justo es que todos los dominicanos y dominicanas tengan un pedazo de tierra para habitar, para producir, para vivir. Sin embargo, la realidad es otra y es preciso acogerse a las reglas.

En su artículo 51 la Constitución de la República habla sobre el derecho de propiedad. “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

El Estado, ya sea representado por el Gobierno Central o por entidades descentralizadas y autónomas, como los gobiernos municipales, es también beneficiario del derecho de propiedad y ninguna persona u organización puede tomar como suyos los bienes que están bajo la protección y el cuidado estatal.

Por eso fue incorrecta la decisión del empresario del transporte y diputado al Congreso Nacional, Juan Hubieres, de encabezar y promover la ocupación de terrenos en Santo Domingo Este, ubicados, incluso, en áreas protegidas, por ser una zona ecológicamente adecuada para la ampliación de áreas verdes.

En más de una ocasión los mismos ocupantes de esos terrenos reconocieron que no eran propietarios legítimos, aunque argumentaban que tenían el derecho humano de ocuparlos.

Ahora las autoridades municipales, en un acto de protección de la propiedad ajena ocupada por personas que no son los dueños legítimos, decidieron poner en marcha un desalojo que de seguro tendrá repercusiones mayores a las que se conocen hasta ahora, pero que no deben dar marcha atrás, pues es preciso hacer respetar el derecho a la propiedad privada y también estatal.