La delincuencia en sus más diversas expresiones tiene a todo el mundo hasta el cuello. Ya hemos visto que todos corremos riesgos, aún aquellos que se suponen bajo la protección del poder.

El Caribe  reveló que hasta legisladores han sido objeto de robos o atracos. Y aunque no se tiene cifras ciertas, hay informes de que funcionarios del gobierno central también han sido victimizados.

Jueces de la República han debido ser protegidos de manera especial, porque también han sufrido alguna forma de violencia. Personal con la misión de proteger personas importantes también han sido objeto de agresiones, con consecuencias trágicas, como asesinatos.

Y ni hablar del ciudadano común, que vive en un estado de inseguridad permanente, en la calle o en su propia casa. No pasa un día sin víctimas de la violencia criminal.

Nada de estas observaciones tienen que ver con los crímenes entre los propios  delincuentes organizados en bandas de asaltantes o de tráfico de drogas.

Nada de exagerar si se plantea que la delincuencia está fuera de control.

Que lanzaron 1,500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las calles, y ahora nos debatimos en la propiedad y la calidad de esa decisión. ¡Por Dios, es que las autoridades no han podido con la delincuencia! Esos militares son un reconocimiento de esa realidad. Pero tienen que hacer algo.

Todos sabemos que los guardias no son para manejar asuntos de orden interno, en situaciones normales. También se sabe que no tienen el entrenamiento para asuntos de Policía. Son una respuesta. Una más, y lo peor de todo, bajo un estado de conciencia de que todavía el país no ha tocado fondo, si nos miramos en los espejos alrededor.  La tasa de homicidios en el país está entre 20 y 25 por cada cien mil habitantes. En Honduras es de 77 y en El Salvador de 62.

No queremos alarmar a nadie, pero como van las cosas hay que prepararse para lo peor,  si no se atacan las verdaderas causas generadoras de violencia. Países como Chile y Argentina, con mejoras sustanciales en su calidad, tienen bajísimos índices de criminalidad. No alcanzan ni al 5 por cada cien mil habitantes.