La Cámara de Diputados tiene una papa caliente entre manos. La recibió del Senado de la República, que como “bola de humo”,  la despachó, tal y como la sometió el Poder Ejecutivo, sin ponerle o quitarle una coma.

El Poder Ejecutivo, como no ocurría hace tiempo, la mandó en los términos previstos en el artículo 128, acápite g) de la Constitución, que obliga a “someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente”.

Como es obvio, la Cámara de Diputados pasa a ser el centro de grandes demandas y debates nacionales de lo que se define como principal herramienta del desarrollo nacional, que es el Presupuesto de la Nación. La Cámara recogerá todas esas esperanzas nacionales. Recibir los reclamos de tantos sectores no es nada. El reto es prestarles la atención debida, estudiarlos con detenimiento y valorar la calidad, propiedad y oportunidad de los mismos.

Hay que imaginar que los diputados, si son responsables, deben sentir un peso social y político enorme. Quizás no sea nada, porque como su oficio es manejar conflictos, probablemente sabrán sortearlos con inteligencia.

Pero el problema es que las demandas, al margen de lo justas que pudieran ser, ocurren en un año especial, que tiene que ver con el proceso electoral en desarrollo. Y eso es válido para los reclamantes y para sus auspiciadores, lo mismo que para aquellos que coyunturalmente pueden ser vistos enfrentados a estos últimos.

Los reclamantes están jugando un papel estelar. Es interesante ver cómo están cohesionados, y actúan en el tiempo preciso, en el escenario adecuado, que es el Congreso Nacional.

Todo este debate que encierra el conocimiento del Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el 2012 es un ejercicio verdaderamente democrático. Una muestra de que el diálogo y la presión ciudadana son herramientas más poderosas que las huelgas compulsivas que paralizan el comercio y las fuerzas productivas y hasta la misma acción social y popular.