EL Caribe  reveló ayer la existencia de una iniciativa legislativa para modificar el estatuto actual que rige el papel de los suplentes de regidores en la organización municipal. La pieza, muy bien estructurada y ampliamente documentada, persigue sin embargo un propósito totalmente desafortunado, que es extrapolar una figura típicamente rural al escenario urbano.

Hablamos de la degradación del rol del suplente de regidor en el municipio para asignarle la condición de “alcalde pedáneo”. Un amasijo de argumentos  que sólo se explica en el absurdo en que va cayendo el ejercicio de la política.

Pero más que eso, el verdadero fin es la creación de una nueva fuente de empleos remunerados a cuenta del erario. La iniciativa no sólo prevé  un salario para la nueva autoridad, sino que incluso le asigna potestad para crear un cuerpo de ayudantes a discreción del propio “alcalde pedáneo”.

Esta cuestión, aparentemente pequeña, forma parte de esos elementos que llevan a las personas comunes al hartazgo. De cómo los actores políticos crean  situaciones que desdicen de ellos mismos y de sus organizaciones. Porque, ¿cómo es posible que un legislador se invente una pieza de esa naturaleza sin siquiera informar a su partido?

Entre las ambiciones desmedidas de grupos de poder y una incomprensible visión del papel del sector público, las sociedades pierden las esperanzas. Se fortalece el resentimiento hacia la clase política y al final se debilita la base de sustentación en que descansa la organización democrática.

El imperio de la ley, el predominio de la Constitución como piedra angular del sistema pierde razón de ser, y la gente empieza a buscar otras formas que le garantice que por lo menos se respeten las reglas de juego que la misma clase política ya impuso y que todos estamos comprometidos a respetar.

En nada contribuye a la gobernabilidad un legislador inventando fórmulas para aumentar el gasto público improductivo.