La transparencia, que tanto se invoca y reclama desde diferentes instancias de la sociedad dominicana, casi siempre con suficiente pertinencia conceptual, pero a veces con enfoques un tanto selectivos, tiene que dejar de ser una palabra aislada y adquirir verdadera vigencia en la vida democrática.

Si nos guiamos de la Constitución y muchos de los postulados de las leyes adjetivas, así como por los pronunciamientos de la clase política y las esferas de poder, esa diafanidad en los procesos institucionales debería operar de forma fluida y sin cuestionamientos.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en la práctica casi siempre surgen dudas y temores, desde diferentes sectores, cuando se emprenden procedimientos que tocan aspectos cruciales de la estructura jurídico-institucional del país.

La preocupación expresada ayer por la Fundación Institucionalidad y Justicia con respecto al proceso que seguirá a partir de hoy el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la selección de los integrantes de las altas cortes, es una muestra de recelo, en este caso muy bien fundamentado, debido al permanente interés de Finjus de fortalecer la democracia y sus instituciones.

Coincidimos con el planteamiento de Finjus, de que uno de los retos fundamentales del CNM al ponderar a los diferentes candidatos es la creación de mecanismos operativos que faciliten el acceso de la población a las informaciones sobre dicho proceso.

Es motivo de inquietud el señalamiento de Finjus de que la adopción de dos reglamentos ha otorgado una alta discrecionalidad al CNM para tomar decisiones sin observar el principio de publicidad y deja sin regular aspectos esenciales contemplados en su Ley Orgánica y otras leyes directamente relacionadas con el derecho ciudadano a estar informado.

Es de esperar, pues, que estas inquietudes sean analizadas y que se actúe con total transparencia para promover desde ya la respetabilidad de los nuevos órganos creados por mandato constitucional.