El ejercicio serio, responsable y crítico del periodismo expone a muchas amenazas, incomprensiones, intolerancia y a peligros cada vez más graves y mayores a comunicadores en todas partes del mundo, principalmente en naciones regidas por gobiernos despóticos y donde el crimen organizado se encuentra entronizado.

En el hemisferio, por ejemplo, hay un registro cada vez más abultado de notas, testimonios y denuncias de agresiones a periodistas y medios de comunicación. La lista de periodistas asesinados y desaparecidos aumenta de forma alarmante.

Un aspecto que preocupa  sobremanera es la impunidad en las agresiones a periodistas, lo que se conoce en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como los crímenes sin castigo, la autocensura y la inseguridad en el ejercicio periodístico.

El tema de la autocensura es uno de los más inquietantes por su impacto en la sociedad, ya que medios y comunicadores sometidos a este fenómeno, sea de forma voluntaria o inducida, se ven limitados a satisfacer el derecho de los ciudadanos de ser informados con amplitud y sin cortapisas.

Los crecientes riesgos que enfrenta la prensa en las Américas se puso nuevamente de manifiesto esta semana con el asesinato de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, con lo que se eleva a 74 el número de comunicadores que han perdido la vida en México en la última década, que está considerado como el país más peligroso para el ejercicio periodístico.

A pesar de las medidas de protección adoptadas por las autoridades mexicanas para proteger a los comunicadores, los riesgos son continuos para aquéllos que publican denuncias y comentarios acerca de las operaciones del narcotráfico y muchos de los asesinatos de los periodistas permanecen impunes.

Se trata, no hay duda, de un inquietante panorama que amenaza la prensa libre y, consecuentemente, una fuente vital para la real vigencia de la democracia  y de los derechos ciudadanos.