Recientemente, un médico chino, de la “China Socialista”, fue procesado porque atendió a un paciente que llegó con graves heridas. Lo curó, agotó el procedimiento previsto en el protocolo del sistema y pasó la factura al cliente.  Pero el paciente declaró su insolvencia. Como no pudo pagar los US$2,000, el médico, en cumplimiento de la norma y temeroso de recibir una sanción de sus superiores, procedió a deshacer la cirugía que le había practicado. Ese comportamiento obligó a las autoridades a procesarlo judicialmente.

El caso ilustra cuán compleja se ha vuelto la prestación de servicios públicos esenciales, aún en países donde los paradigmas son otros, como el bienestar común que pregonó el socialismo. Por ello, que en República Dominicana de manera rutinaria se nieguen los servicios a las personas que no cuentan con una tarjeta de seguro o prepago, no es nada, ni pasa nada.

El artículo 3 de la Ley General de Salud es letra muerta. Es un mero enunciado, una simple declaración: “Todos los dominicanos y las dominicanas y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y la protección, recuperación y rehabilitación de su salud, sin discriminación alguna”.

Para confirmarlo, acuda a cualquier centro de salud público o privado con una emergencia. La peor sorpresa la puede encontrar si la aventura se corre en un centro público, en un sistema que no garantiza nada. Pero donde se paran las aguas es en el hospital Cabral y Báez de Santiago. Se puede llegar en estado crítico, y si usted no tiene el dinero de la cuota de recuperación o para cubrir “los materiales”, pueden dejarlo desangrar. Lo ocurrido el pasado domingo en la noche con una joven víctima de un accidente de tránsito fue patético. Le negaron la asistencia porque no tenía dinero, y fue necesaria la intervención de un periodista para evitar lo peor.

Los dramas que se ven en los hospitales públicos son para espanto, no importa que las leyes garanticen determinados derechos a los ciudadanos, sin importar raza o condición social. La realidad es que la garantía prevista en la ley es letra muerta.