El Ministerio Público, la Policía y los servicios de seguridad e inteligencia del Estado tienen la obligación de emplearse a fondo, a fin de esclarecer cuanto antes el asesinato del periodista José Agustín Silvestre y apresar a los autores del crimen para hacer justicia y que no quede impune.

Como era de esperar en una sociedad que valora y defiende la libertad de expresión y difusión del pensamiento, así como el libre juego de las ideas  -–como soporte esencial de la democracia-– este horrendo hecho ha generado un amplio sentimiento de condena y consternación.

En efecto, tal como lo ha proclamado tantas veces la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el asesinato de un periodista en ejercicio es un atentado al derecho de los ciudadanos de recibir todo tipo de informaciones sin cortapisas ni censura previa, porque se silencia una voz que contribuye a ese loable propósito.

Debido a la gravedad de este atentado y sus implicaciones, además de las reacciones entre periodistas, medios de comunicación y círculos de opinión pública locales, la muerte de Silvestre ha provocado manifestaciones de inquietud en entidades internacionales, entre las que figuran la propia SIP, la Unesco y Reporteros sin Fronteras.

Hasta prueba en contrario, la evidencia disponible en base a su trayectoria de trabajos críticos y controvertidos, tanto en su programa de televisión como en una revista, apunta a que el posible móvil del asesinato fue suprimir una voz que molestaba a determinados intereses vinculados al delito, la corrupción y la delincuencia.

Por eso, la Unesco ha pedido “que se lleve a cabo una investigación completa de este caso para que los periodistas puedan continuar ejerciendo su derecho fundamental a la libertad de expresión” en la República Dominicana.

El caso de Silvestre se ha unido a la lista de más de 90 periodistas que han sido asesinados en todo el mundo en lo que va de año, pero las autoridades no pueden permitir que permanezca en el infame y frustrante capítulo de los “crímenes sin castigo”.