La clase política nacional, que tanto recurre a exigencias de transparencia y a una fementida lucha contra la corrupción, cuando trata de descalificar a sus contrincantes con fines electorales, debería ser la primera en exhibir un recto manejo de todos sus asuntos, especialmente en materia financiera.

Al recibir fondos públicos a través de la Junta Central Electoral (JCE), los partidos están obligados, moral y legalmente, a una pormenorizada rendición de cuentas acerca de la forma en que gastan y administran esos recursos.

La fiscalización de los fondos que utilizan las organizaciones políticas tendrá un carácter más estricto cuando el país cuente con una Ley de Partidos que, mediante normativas institucionales, evitará distorsiones y anómalas desviaciones.

Pero mientras se espera la aprobación de esa legislación, la Junta ha recurrido a la actual Ley Electoral para advertir a los partidos que incurren en actos ilícitos e irregulares si aceptan aportes de grupos empresariales o instituciones extranjeras.

Con este planteamiento, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, asume una postura responsable y sienta un precedente, toda vez que por primera vez ese organismo se decide a intervenir, con las facultades que le otorga la ley, para obligar a la dirigencia política a actuar con la debida diafanidad.

La ley es clara al señalar que solo hay un tipo de financiamiento lícito, los recursos que aporta el Estado y las contribuciones de personas privadas, por lo que ningún partido puede alegar desconocimiento o recurrir a algún subterfugio para justificar un manejo indebido.

La fiscalización es un paso importante porque los electores y la población en general tendrán la oportunidad de conocer, con nombres y apellidos, quiénes facilitan dinero a los partidos políticos.

Tal y como ha señalado con mucha propiedad Rosario, no hay razón para que la medida cause provocación en las agrupaciones que actúan correctamente, porque de lo que se trata es de garantizar el cumplimiento de una normativa legal.

A la postre, los mayores beneficiarios de este proceso serán los propios partidos, pues la transparencia les dará mayor fortaleza y credibilidad.