La secuencia de hechos de sangre que hemos tenido en los últimos días ha vuelto a subrayar en la conciencia ciudadana el nivel de degradación y de inseguridad a que se ha llegado en la República Dominicana.

Se trata de una amarga realidad, que prevalece a pesar de todas las proclamas de avances en la lucha contra la delincuencia y de las declaraciones defensivas de las autoridades para descalificar lo que desdeñosamente se señala como erradas percepciones.

El asesinato de un comunicador y de un escolta de la Fuerza Aérea Dominicana, dos feminicidios e igual número de suicidios y la muerte violenta de un sargento policial y de un vigilante, marcaron esta semana un martes sangriento.

El alegato de que se trata de hechos aislados ya no suele ser formulado por las autoridades, como acontecía con frecuencia en el pasado, porque la crudeza de los hechos y la rápida difusión que obtienen a través de los medios no deja lugar a encubrimientos o disminución del impacto en la población.

Es cierto, sin embargo, que en parte esta preocupante avalancha está compuesta por sucesos como los feminicidios, que son un reflejo de profundos trastornos en el seno familiar y que por su naturaleza no forman parte propiamente de la criminalidad común.

Este fenómeno es objeto de mucha preocupación en la sociedad, principalmente entre entidades feministas y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de la mujer para dar orientación y lograr la prevención de nuevas tragedias.

En cuanto a otros hechos en que ciudadanos indefensos y hasta militares y agentes policiales en servicio son asesinados por delincuentes, es innegable que se ha registrado un notorio incremento en los últimos días.

La Policía, el Ministerio Público y los tribunales tienen que actuar con energía y responsabilidad para combatir, desde sus respectivas esferas de acción, la comisión de tantos crímenes, antes de que los antisociales amplíen sus desafueros.