Mientras la formulación de las políticas públicas no sean asumidas con todo el rigor y la seriedad debida, conforme al interés general y al compromiso de nación, será difícil que el país se encarrile por verdaderos senderos de estabilidad institucional.

La norma esencial en este vital aspecto de la vida de un pueblo que aspire a disfrutar de orden y justicia es el apego fiel a la Constitución y las leyes, además de una dosis esencial de sensatez y equilibrio para evitar situaciones contraproducentes.

Políticos, congresistas y en general funcionarios gubernamentales y municipales deben tomar muy en serio estos elementos a la hora de proponer y adoptar medidas de interés público que no pueden estar influidas o condicionadas por el nocivo clientelismo.

Estas consideraciones son a propósito de los proyectos que están en marcha en el Congreso para crear más municipios, sin que haya mediado un detenido estudio acerca de la factibilidad política, social y económica de las nuevas divisiones territoriales.

El artículo 93 de la Ley Sustantiva que entró en vigencia en enero de 2010 faculta a las cámaras legislativas a crear o suprimir demarcaciones, pero no de forma alocada o improvisada, sino siguiendo un procedimiento previo que garantice sustentación económica y gobernabilidad.

En un momento en que el país tiene que manejarse financieramente con mucho tacto por ajustes económicos y presupuestarios, la fragmentación del país con nuevas provincias, distritos municipales y municipios sólo contribuirá a gravar las dificultades y falta de recursos en la gestión estatal y en los programas llamados a mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

¿De dónde piensan los señores congresistas que saldrán los fondos para solventar los cuantiosos gastos que entraña elevar de categoría determinadas localidades para satisfacer aspiraciones que, aunque puedan ser muy legítimas, son inviables y trastornadoras en este momento?

Los congresistas deberían meditar serenamente todas estas implicaciones antes de seguir adelante con proyectos que ameritan una profunda ponderación, como sugiere la serie de trabajos que El Caribe está publicando sobre este tema.