A pesar de los innegables avances que se han producido en los últimos años en materia de leyes y en los procesos de administración de justicia, es innegable que todavía arrastramos fallas institucionales que impiden combatir eficazmente el delito y la criminalidad.

Estas deficiencias no podrán ser superadas mientras la forma en que opera la estructura jurídico-judicial no logre, de forma justa y sistemática, lo que algunos tratadistas del derecho llaman un sistema efectivo de consecuencias.

En otras palabras, que el que cometa una violación a la ley, sin importar su magnitud o rango, desde una cuestión menor hasta algo tan grave como un crimen o un acto de corrupción, no tenga posibilidad de quedar impune y que la pena que se le aplique guarde proporción con el delito cometido.

Un ejemplo claro de esta debilidad lo tenemos en el hecho de que los proxenetas que prostituyen a menores de edad y los que se dedican a reunir  material pornográfico infantil no siempre reciben en los tribunales la sanción que merece semejante perversidad.

Todo esto amerita una revisión exhaustiva del Código del Menor y un mayor rigor y severidad de parte del Ministerio Público y de la Justicia cuando ventilan casos tan aberrantes como los de corromper a menores de edad.

A pesar de la importancia que se asigna a este tema, tanto aquí como desde escenarios internacionales, hay grandes fallas institucionales que impiden aplicar sanciones verdaderamente ejemplarizadoras a los autores de estos actos de barbarie contra la niñez desvalida.

La trata de personas es uno de los abusos más deleznables, sobre todo cuando las víctimas son niñas y adolescentes que, por un sinnúmero de penosas circunstancias sociales, se ven expuestos a peligros y sufrimientos, en lugar de recibir todo el cuidado y protección que necesitan.

La sociedad no puede permanecer ajena e insensible ante este crucial tema, que requiere además examinar y  fortalecer los valores familiares.