A pesar de la pretendida y muy discutible “cultura de paz” que se trata de inculcar a los medios de comunicación del país, cada día se conocen nuevos detalles sobrecogedores sobre la extendida atmósfera de violencia, desasosiego e inseguridad que genera el narco y el crimen organizado.

No se trata de especulaciones o de versiones oficiosas, sino de denuncias responsables y muy bien documentadas que, por lo tanto, no son susceptibles de dudas y sí de mucha alarma, aunque se pretenda que la prensa ignore hechos de esta naturaleza.

Es muy grave y mueve a preocupación la revelación del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, de la frecuencia de casos en que familias enteras son sorprendidas en la venta de narcóticos.

Si la eventual participación de un integrante de una familia en el tráfico de drogas es motivo de inquietud en su seno, mucho más serio es que este terrible flagelo esté arrastrando a colectivos completos de esta fundamental célula de la sociedad.

¿Además del poder corruptor del narcotráfico internacional y de sus agentes locales y del afán de lucro a como dé lugar, qué elementos están determinando semejante nivel de degradación en familias que incluso son reincidentes en este criminal comercio?

¿Cómo es posible que algunos padres hayan incurrido en la barbaridad de utilizar a sus hijos pequeños como “mulas” para trasladar droga y también se registren casos de madres que se asocian con sus hijos como traficantes?

Es obvio que el problema de las drogas en la República Dominicana tiene una dimensión mucho mayor que la generalmente conocida en base a las estadísticas disponibles y que, en consecuencia, tiene que ser enfrentado con más energía y efectividad por sus trastornadores efectos en términos sociales.

De lo contrario, el crimen organizado seguirá en su deletéreo avance, mientras la sociedad permanece inerte y desprotegida.