Por la frustrante realidad que ponen al descubierto muchos hechos cotidianos y a través de diversas fuentes, se sabía que la impunidad es un serio obstáculo para librar en el país una efectiva lucha contra el crimen.

Pero ahora es motivo de sobrecogedora sorpresa, conocer que este mal tiene una dimensión mucho mayor que la generalmente percibida desde diferentes sectores de la sociedad.

El dato ofrecido ayer por el presidente Leonel Fernández, de que aquí el 90 por ciento de los casos de tráfico de drogas y del crimen organizado se queda sin sanción, viene a revelar una situación verdaderamente alarmante.

Tal y como acaba de afirmar el gobernante al pronunciar una conferencia magistral en un seminario sobre las Estrategias de Seguridad para Centroamérica y República Dominicana, estamos frente a un panorama que “ya se torna inaguantable, irresistible”.

En consecuencia, para poner término a ese lamentable estado de cosas se requiere hacer reformas profundas en los sistemas y cuerpos de seguridad, en los organismos de investigación, en el Ministerio Público y en la estructura judicial.

En lugar de recurrir a prácticas defensivas desde los estamentos de dirección de cada una de esas instancias, como ocurre casi siempre cuando este espinoso tema es planteado, lo que procede es abrirse a la identificación de fallas y debilidades para fortalecer la lucha contra el crimen.

Contrarrestar los efectos de la impunidad es una tarea titánica porque parte esencial de esta grave problemática reside en el poder económico con que cuentan las organizaciones mafiosas internacionales para infiltrar a organismos que están llamados a combatir todas las manifestaciones delictivas.

Pero en lugar de asumir esta dificultad como un disuasivo,  debe ser un acicate para gestionar una mayor cooperación, esfuerzo y asistencia de parte de Estados Unidos, debido a la magnitud de la amenaza global que representa el narcotráfico con sus modalidades conexas de lavado de dinero y su sangrienta secuela criminal.