Cualquier elemento que tienda a provocar desasosiego en la población o entorpecimiento en el normal desarrollo de las actividades cotidianas es motivo de natural preocupación, como han expresado diferentes sectores de la sociedad a propósito de la convocatoria a huelga programada para hoy.

En base a las prerrogativas que otorga la Constitución a la protesta dentro del disfrute de las libertades democráticas, los organizadores tienen derecho a expresar su disgusto con un pliego de exigencias, y es de esperar que la jornada sea totalmente pacífica.

Sin embargo, es innegable que el llamado a paro y la persistencia de la convocatoria, contra todo razonamiento o advertencia, ha causado desde sus inicios cierto nivel de intranquilidad e incertidumbre.

Esta reacción es comprensible porque en la cultura política nacional, el solo hecho de que se hable de huelga tiende, instintivamente, a generar inquietud y mucha gente que no favorece tales movimientos toma cuidados especiales o reduce su accionar, en previsión de eventuales hechos de violencia.

Como es sabido, independientemente de la actitud pacífica de los convocantes y de la pertinencia de algunos de sus reclamos, siempre hay grupos de antisociales que se aprovechan de la coyuntura para protagonizar desórdenes y cometer desafueros.

Las autoridades llamadas a garantizar el orden y la seguridad ciudadana tienen que cumplir con su deber, pero deben evitar a toda costa que despliegues sobredimensionados o algún exceso pueda agregar tensión a la que ya existe.

Así como se garantiza el derecho a la huelga, también es necesario que las personas que no se adhieran a ella tengan la libertad de desplazarse a sus obligaciones regulares, sin ser objeto de ningún tipo de amenaza, daño u obstrucción.

Como ha acontecido en otras muchas oportunidades, es lamentable la ausencia de un espacio para el diálogo y que el país tenga que exponerse a estas zozobras que, según la experiencia nacional, en nada ayudan a superar nuestros crónicos males.