La denuncia que acaba de formular el magistrado Jorge Subero Isa, de que a la Suprema Corte de Justicia le rebajarán más de 19 millones de pesos cada mes hasta finalizar el año merece, por su gravedad y serias implicaciones, una rápida respuesta o aclaración de parte del Poder Ejecutivo.

Tal y como acaba de apuntar con propiedad y precisión el presidente de ese organismo, de materializarse ese “despropósito” se violará la Constitución de la República en cuanto a la independencia funcional, administrativa y presupuestaria del Poder Judicial.

Además, resulta chocante e inexplicable que esta pretensión de reducción presupuestaria se produzca en momentos en que la Suprema Corte de Justicia está precisamente demandando mayor asignación de fondos para cumplir con obligaciones consignadas en la Constitución y las leyes.

Se trata, no hay duda, de una grave situación porque afectaría al más alto tribunal del país en su delicada misión de garantizar el estado de derecho y una buena administración de justicia.