La tierra con vocación agrícola debe estar en manos no solo de quienes la pueden poner a producir, sino básicamente en poder de campesinos que, con una adecuada asesoría, contribuyen al abasto de alimentos y a la mejoría de las condiciones de vida en el campo.

Sin embargo, con frecuencia se da el caso de que grandes predios de propiedad estatal que originalmente fueron asignados a parceleros de la reforma agraria son adquiridos de forma irregular por particulares que los convierten en fincas privadas donde levantan villas campestres.

Ese grave caso de injusticia social se observa en Sabana Grande de Boyá, donde campesinos libran desde hace años una infructuosa batalla contra militares, funcionarios y políticos influyentes que se han adueñado de las tierras de la zona.

Los lugareños están con el grito al cielo porque las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que aún están disponibles son cedidas a personas influyentes que, además de adquirirlas indebidamente, cometen el crimen de dedicarlas a fines ajenos a la agricultura.

La lucha por la tierra en Sabana Grande de Boyá es una historia que data de décadas y que de manera inexplicable no encuentra respuesta adecuada de parte de los organismos oficiales que están llamados a garantizar un usufructo correcto de los predios agrícolas.

Los miembros del Movimiento Campesino de Trabajadores de las Comunidades Unidas (MCCU) se sienten frustrados e impotentes porque claman sin obtener resultados en un desierto de insensibilidad e indolencia oficial.

El uso de la fuerza para despojar de sus tierras a los campesinos, un abusivo e ilegal mecanismo empleado en innumerables ocasiones, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, debe cesar cuanto antes para que no se sigan perdiendo terrenos agrícolas.

Además del perjuicio social y económico que padecen los campesinos, si no se pone término a esta práctica, el país se expone a sufrir un sensible descenso en la producción agrícola, con los consecuentes efectos negativos en el abastecimiento interno.