un compelido como está el país a aplicar un paquete fiscal para evitar la ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se impone en el Congreso un ejercicio de serenidad y sensatez que permita medir el alcance negativo de algunas medidas en un apreciable segmento de la población dominicana.

De ahí, la importancia de que la Cámara de Diputados escuche detenidamente los planteamientos del Banco Central y las entidades de intermediación financiera, antes de aprobar un proyecto que atentaría directamente contra el 40 por ciento de las familias dominicanas, que viven de las remesas enviadas por parientes que viven en el exterior.

Según ha explicado la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), los beneficiarios de esas remesas se verán perjudicados por una disminución de sus ingresos, en virtud de que se pretende gravar los retiros de dinero en efectivo.

La dimensión del impacto trastornador que tendría esta disposición puede verse claramente sobre estadísticas disponibles, que sitúan en unos dos millones los nacionales que viven en el extranjero y que con regularidad ayudan a sus familiares que residen en el país.

Otro aspecto que deberían tomar en cuenta los diputados antes de dar su visto bueno al proyecto fiscal, es que la banca tendría que hacer readecuaciones tecnológicas, que implican un tiempo de adaptación de las plataformas informáticas, lo cual impedirá su aplicación inmediata.

Además, corresponde formular una pregunta relevante: ¿por qué se pasó por debajo de la mesa establecer un impuesto del 1.5 por mil al retiro en efectivo, si como señala ABA esto no se contempló ni se discutió durante el diálogo de consenso con la gobernación del Banco Central y el Ministerio de Hacienda?

En aras de la transparencia, la institucionalidad, la democracia y, más que todo, de evitar un serio perjuicio a muchas familias dominicanas, los diputados harían bien en sopesar todos los argumentos y objeciones hasta ahora planteados.