La lucha contra el narcotráfico, la actividad delictiva y las cambiantes modalidades que adopta el crimen organizado es una tarea ardua que no admite tregua, porque capos y delincuentes en general no descansan en la comisión de sus fechorías.

La vigilancia tiene que desarrollarse día y noche con todos los recursos disponibles, pero no puede limitarse a las acciones represivas de los organismos oficiales. Los tribunales están llamados a desempeñar un papel más activo y responsable.

Blandas medidas de coerción, que a veces se reducen increíblemente a garantía económica, así como sentencias benignas y hasta cuestionables absoluciones, favorecen a individuos que han sido sorprendidos in fraganti con alijos de cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Es cierto que en no pocas ocasiones los casos de involucrados en el narcotráfico se caen en la Justicia por expedientes mal instrumentados o por vicios en la recolección de la llamada cadena de pruebas que deben servir de sustento a las acusaciones.

Pero constituye un escándalo, una afrenta y burla a la sociedad, el que implicados en sonados casos vinculados a las drogas logren salir en libertad con facilidad y hasta viajar tranquilamente fuera del país, ante la mirada atónita de organismos encargados de combatir ese terrible flagelo.

Todo esto tiende a producir un estado de generalizada desmoralización en instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que bajo la presidencia del mayor general Rolando Rosado Mateo ha asestado duros golpes al narcotráfico internacional y a sus agentes locales.

Sólo un firme compromiso con una lucha que es crucial para evitar que la sociedad sana sucumba ante las tropelías de los delincuentes, impide bajar la guardia y vencer la frustración que produce la impunidad.

Todavía estamos a tiempo para evitar llegar, impasibles y sin enérgicas respuestas, a estadios sumamente peligrosos como los que vivió en su momento Colombia y por los que pasa actualmente México.