La modernización de la Policía y la reestructuración integral de su marco regulatorio, para lograr una mayor efectividad en su crucial labor de garantizar orden y seguridad en la población, es un viejo anhelo que por diversas circunstancias ha estado postergado durante décadas.

Sin embargo, por primera vez parece que se está a las puertas de emprender, de forma metódica y con la debida firmeza y decisión, un proceso para introducir importantes transformaciones en la estructura policial.

Esas expectativas están centradas en el proyecto de la ley Orgánica de la Policía Nacional, sometido ayer al Congreso  por el presidente Leonel Fernández y mediante el cual se reduce de 34 a 20 el número de generales, entre otros cambios de significación.

Otro aspecto de gran relevancia en materia institucional es que el Consejo Superior Policial tendrá como misión, bajo la presidencia del Ministerio de Interior y Policía, establecer todas las políticas y directrices del accionar de la institución con estricto apego a la Constitución y las leyes.

A manera de importante recordatorio, el Ejecutivo resalta en el proyecto de reforma que por primera vez en su historia institucional, la Policía Nacional fue incluida en el texto de la nueva Carta Magna para definir claramente su misión y objeto como órgano esencial en el Estado.

Como ha destacado la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), hay razones para confiar en los resultados esperados, ya que la propuesta original de reforma fue presentada por la propia Policía y sometida a un profundo proceso de revisión y depuración a cargo de una comisión de juristas.

Otro detalle relevante es que, a diferencia de la ley que la creó durante la tiranía trujillista, en el 1936, ahora la Policía será una entidad que constitucionalmente se fundamentará sobre la base de una serie de principios básicos.

La ciudadanía en general observa con atención este proceso, sobre todo por lo que puede contribuir a reforzar la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el combate eficaz al crimen.