Acasi cuatro meses del golpe de estado que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya, aun no se vislumbra una salida satisfactoria a la crisis que vive el pueblo hondureño con el gobierno golpista de Roberto Micheletti.
Una parte apreciable de la comunidad internacional se ha mantenido firme en la condena al golpe de estado, sobre todo por el funesto precedente que se sentaría si el fantasma de las asonadas militares vuelve a reeditarse en el continente.
En efecto, si el golpismo se consolida y fracasan los esfuerzos de restablecer la democracia en la hermana nación, se corre el peligro de que sectores canallas, como los que respaldan a Micheletti, puedan aventurarse a repetir la trastornadora experiencia que viven ahora los hondureños.
Pese a las amplias y persistentes manifestaciones de repudio al golpe de estado, las gestiones de algunos presidentes y de la Organización de Estados Americanos (OEA) no han podido revertir el derrocamiento de Zelaya, quien hoy cumple un mes de permanecer asilado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Si en algo ha tenido coherencia el régimen de Micheletti, aunque con fines grotescos y desafortunados, ha sido en su sistemática violación a la libertad y los derechos fundamentales de los hondureños.
Estas medidas son propias de las dictaduras y de los gobernantes que, aunque hayan llegado al poder por procesos democráticos, quieren un control total de la información para manipularla a su antojo y silenciar las voces críticas e independientes.
Así actúan estos canallas que, en nombre de causas pretendidamente patrióticas, pero que no son otra cosa que ambiciones infames, recurren al asalto del poder porque carecen de credibilidad para obtenerlo legítimamente mediante el voto popular.
La comunidad internacional tiene el impostergable desafío de fortalecer sus esfuerzos para garantizar que el pueblo hondureño pueda volver a vivir en democracia y con la libertad que hoy le niegan Micheletti y sus secuaces.
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