Con sus altas y sus bajas, propias de un sistema democrático que aun necesita un mayor fortalecimiento, es innegable que en los últimos tiempos se han producido avances significativos hacia la institucionalidad en materia jurídica y política.

La nueva Constitución de la República, más acorde con los nuevos tiempos y que ha venido a robustecer una serie de derechos ciudadanos, es un ejemplo palpable de ese progreso, aunque aún falta la aprobación de una serie de leyes complementarias.

Otra demostración de una genuina vocación institucional es la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que, entre otros aspectos, establece un cuerpo investigativo que en la práctica funcionará como una policía técnica judicial.

En medio del debate acerca de la conveniencia y los alcances de esa unidad, la Fundación Institucionalidad y Justicia la ha defendido con vigor y muchos argumentos valederos, en el entendido de que vendrá a  fortalecer la política criminal, que es esencial para garantizar la seguridad ciudadana.

La Policía ha manifestado serias reservas y el Ministerio de Interior considera que antes de su entrada en vigor debe ser objeto de revisión y posibles replanteamientos, algo a lo que no se opone Finjus.

Por esa razón luce atendible su propuesta de que se abra un canal institucional de diálogo permanente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para aplicar la política del Estado contra el crimen, tomando como base la nueva ley orgánica.

En lugar de ver con cierto recelo la nueva unidad investigativa, que será dirigida por un general de la Policía, esa institución tiene una excelente oportunidad de contribuir al fortalecimiento y tecnificación de las investigaciones para combatir y prevenir la actividad criminal y delictiva.

Como es sabido, en la actualidad muchos expedientes acusatorios contra delincuentes sorprendidos in fraganti se caen en los tribunales porque la llamada cadena de pruebas resulta viciada por pesquisas mal dirigidas.

La idea, pues, es fortalecer la lucha contra el delito, de la cual no debe excluirse a la Policía, sino dotarla de mejores recursos y medios para apoyar esa fundamental tarea.