En materia de salubridad y de las medidas llamadas a prevenir enfermedades resulta inconcebible que ciudadanos o entidades conscientes de sus deberes y de sus responsabilidades se resistan a cumplir con disposiciones emanadas de organismos oficiales.

Preservar la salud de la población es un alto imperativo nacional y las autoridades del sector tienen la obligación de garantizar cuantas normativas sean necesarias, a fin de evitar complicaciones que pueden causar males, epidemias y muertes.

Por esa razón resulta a todas luces inadmisible que la Asociación de Empresas Procesadoras de Agua a Granel haya desafiado una disposición de Salud Pública que ordenaba colocar en sus camiones, letreros indicando que el líquido que venden no es apto para el consumo humano.

Si esa entidad tiene razones valederas para demostrar que el agua que expenden reúne todas las condiciones sanitarias requeridas, entonces debe proceder a exponerlas a Salud Pública por las vías que corresponden, en lugar de oponerse a rajatabla.

Aunque algunos de los procesadores que venden a granel observen estándares adecuados de calidad, ¿qué garantiza el mantenimiento de tal condición, una vez que es colocada en los camiones-cisterna?

Esta es una pregunta que desde hace tiempo se formulan las autoridades y muchos ciudadanos, aunque el comercio de esta agua ha estado en auge en barriadas populares por su precio más económico con respecto a la que se vende embotellada.

Lo que sí resulta inexplicable es que las dudas y cuestionamientos en cuanto a la venta de agua a granel no hayan sido objeto de un detenido estudio y regulación, al punto que de las 200 empresas que existen a nivel nacional, solo 16 están representadas en la citada asociación.

Es de esperar, pues, que este impasse sea aclarado de la mejor manera, conforme a la ley, la razón y, sobre todo, a la salud de la población.