A un en medio de algunas de las crónicas y no del todo superadas deficiencias en el sistema energético nacional, nadie puede justificar la sustracción fraudulenta de electricidad o acogerse a otros medios para evadir el pago de la luz consumida.

Además del arduo proceso emprendido para reordenar el sector con reglas claras y la eliminación de distorsiones administrativas y operacionales, es indispensable reducir al mínimo el robo de energía y las pérdidas en las líneas de distribución.

De ahí que resulte alentador el anuncio del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, de que en el periodo enero-abril las empresas distribuidoras de electricidad han recuperado más de 250 millones de pesos como resultado del ataque frontal al fraude.

Marranzini está animado en los avances hasta ahora obtenidos, ya que en los últimos dos años más de 7,000 personas, incluyendo gente poderosa, han sido sometidas a la justicia en todo el país por violación a la ley 125-01, que criminaliza el robo de electricidad.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), la recuperación de energía y de recursos por esta vía hará que el subsidio eléctrico sea cada vez menor, mientras cientos de casos están en proceso en la Superintendencia de Electricidad.

El tema también fue abordado recientemente por el embajador de Estados Unidos, Raúl Yzaguirre, quien abogó por la aplicación de procesos justos y transparentes en el sector eléctrico, y la necesidad de que nadie se exima de pagar la electricidad.

Tan importante como esto es impedir que el programa de expansión de la oferta energética, vital para garantizar las labores productivas, el desarrollo y la estabilidad general del servicio, sea obstaculizado por sectores que no han hecho las inversiones necesarias.

La eficiencia en el sistema energético es un imperativo de alto interés nacional que amerita el más decidido respaldo.