Todas las iniciativas que tiendan a producir un fortalecimiento institucional y un esquema de reorganización integral en diversos ámbitos de la vida nacional tienen que contar con el decidido respaldo de la sociedad.

La ciudadanía y sus entidades más representativas no pueden permanecer indiferentes cuando se trata de leyes, reglamentos y reglas de juego que pueden tener una incidencia directa en el sistema democrático que nos rige.

De ahí el interés que debe suscitar el proceso de consultas que emprenderá a partir de junio la Junta Central Electoral (JCE) para consensuar aspectos relativos a un proyecto de reforma a la actual Ley Electoral.

En el pasado reciente, este tema ha sido objeto de muchas inquietudes y debates, aunque en general se está de acuerdo en la necesidad de contar con una legislación más moderna que provea a la Junta de mejores medios para cumplir con su rol de institución encargada de organizar y supervisar las elecciones.

De acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora, entre otros objetivos se persigue transparentar el financiamiento que recibe la actividad política, especialmente en cuanto a fondos públicos para sus campañas, algo que se busca también a través de una proyectada ley de partidos.

La colaboración que ofrecerá el Departamento de Cooperación y Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) le confiere trascendencia y credibilidad a la consulta, dada la contribución que este organismo ha brindado durante décadas a los procesos democráticos en el hemisferio.

Sin embargo, hay aspectos que ameritarán una detenida ponderación, entre los que figura “el comportamiento de los medios de comunicación en los procesos electorales”, a fin de evitar la aplicación de normativas que, aunque sean bien intencionadas, puedan coartar el libre ejercicio periodístico.