En un país donde tanto se proclama, desde diferentes instancias, el deseo de impulsar un proceso auténtico y sostenido de institucionalización en todos los órdenes, el hecho de que 101 tribunales creados por ley no hayan podido comenzar a funcionar por falta de recursos constituye una afrenta para la justicia dominicana.
Si bien es cierto que se han obtenido avances notables, es necesario que el Poder Judicial cuente con el mayor respaldo económico para evitar que una precaria situación presupuestaria impida continuar las reformas y cambios tendentes al mejoramiento continuo del sistema de administración de justicia.

La voz de alerta la dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, cuando acudió al Congreso para presentar un pormenorizado informe y tratar de sensibilizar a los legisladores con el objetivo de que el Poder Judicial tenga un mayor respaldo en el Presupuesto General de la Nación.

Los datos ofrecidos fueron reveladores de un estado sumamente preocupante y merecen atención, no solo de los congresistas, sino de toda la sociedad, a fin de favorecer el fortalecimiento de la estructura judicial actual, para garantizar un servicio de justicia eficiente para todos los ciudadanos.

En el año 2011, el Poder Judicial solicitó un presupuesto ascendente a 6,003.6 millones para cubrir los servicios de justicia y la puesta en funcionamiento de los tribunales necesarios y le fueron aprobados 3,362.2 millones, es decir, un 44 por ciento menos de lo requerido y un 43.8 por debajo de lo que le hubiera correspondido de acuerdo a la ley 194-04.

En comparación con Costa Rica, El Salvador, Chile, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Panamá, la República Dominicana ocupa el último lugar en cuanto al nivel de participación del presupuesto del Poder Judicial con respecto al Producto Interno Bruto y el séptimo con relación al Presupuesto General de la Nación.

Un Poder Judicial cada vez más fuerte e independiente es una garantía para el estado de derecho y el imperio de la ley.