Las sanciones que se apliquen a policías y militares que se vean envueltos en actividades delictivas sólo alcanzarán un carácter verdaderamente disuasivo cuando, además de cancelaciones deshonrosas, conlleven drásticas penalidades judiciales.

Mientras las medidas se limiten a la separación de las instituciones y los inculpados no tengan que expiar sus culpas, será difícil evitar que otros compañeros de armas no cedan a las tentaciones del cohecho y del crimen organizado.

Independientemente de la gravedad, magnitud o naturaleza del hecho delictivo en que se incurra, la impunidad de que goce el infractor alienta a otros a la comisión de actuaciones bochornosas.

Con esta posibilidad de evadir la acción ejemplarizadora de la ley, inadmisible en cualquier circunstancia, la sociedad queda virtualmente indefensa ante las tropelías de delincuentes y criminales.

Esto constituye un peligro todavía mayor cuando se trata de oficiales detenidos tras determinarse que tenían nexos con bandas dedicadas al tráfico de drogas, como el caso que acaba de ser descubierto por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Con valentía, responsabilidad y aun a riesgo de su propia seguridad, el presidente de ese organismo, mayor general Rolando Rosado Mateo, ha venido realizando una labor de profilaxis en el personal militar a su cargo.

Sin embargo, esta drástica postura no surtirá los efectos deseados si los involucrados pueden evadir un sistema de consecuencias como el que puede operar cuando los tribunales son apoderados de expedientes acusatorios bien sustentados.

En este sentido, el trabajo de adecentamiento emprendido por Rosado Mateo y otros oficiales que como él están comprometidos con un desempeño digno y recto, tiene que contar también con el firme apoyo del Ministerio Público y de todos los estamentos de la Justicia.

Las complicidades de oficiales superiores y de subalternos con el narcotráfico no cesarán mientras los implicados estén, de hecho, exentos de responder ante los tribunales por los descarríos cometidos.

El combate contra el narcotráfico no admite tregua y tiene que contar con el decidido respaldo de todos los sectores de la sociedad.