Con el nuevo gobierno haitiano que preside Michel Martelly, la República Dominicana tiene la oportunidad de replantear una serie de temas de vital importancia en la agenda bilateral que durante décadas no han tenido una clara definición.

Entre los principales puntos pendientes de clarificación y de un acuerdo de cumplimiento efectivo figura, en primer término, el crucial tema migratorio, que ha sido objeto de conflictos y de mucha controversia.

Para Haití ese aspecto no ha tenido hasta ahora la prioridad que representa para nuestro país, en vista de que la falta de controles y de un convenio que en la práctica trascienda un esbozo teórico ha permitido a los gobiernos haitianos un respiro económico y político por el creciente flujo migratorio hacia el territorio dominicano.

En cambio, para el gobierno y el pueblo dominicano, esto constituye un problema insoluble que ha ido en constante aumento, entre otros factores, por dejadez en ambos Estados y las presiones que recibimos de la comunidad internacional.

En términos económicos y sociales, la masiva inmigración haitiana agrava las limitaciones de recursos que tiene el país para suplir educación, servicios públicos y de salud a su población.

Aun con esas precariedades, la República Dominicana nunca ha dejado de ser solidaria con Haití, como quedó fehacientemente demostrado durante el terremoto que devastó gran parte del territorio haitiano en enero de 2010.

La cantidad de haitianos radicados en el país ha tenido un crecimiento notable si se toma en cuenta que de 27,000 que vivían en el 1983, ya se eleva a más de un millón de personas, según las estimaciones de algunos observadores.

En apenas siete años el incremento ha sido vertiginoso porque en el año 2004 dos investigadores británicos calcularon la población haitiana inmigrante en unas 380,000 personas, según refiere en un reciente artículo el historiador y escritor Frank Moya Pons.

Un acuerdo migratorio bien estructurado contribuirá a evitar fricciones en las relaciones de ambas naciones y a aplicar controles para combatir el tráfico de drogas y de armas a través de la frontera.