Las situaciones de limbo o vacío jurídico que se registran en el país, a propósito de la indefinición de las leyes complementarias de la Constitución, tienden a poner en cuestionamiento los pretendidos avances democráticos e institucionales logrados en el país.

La nueva Carta Magna, que fue el resultado de un exhaustivo proceso de estudio, debate y consenso político y que se reconoce en consonancia con los nuevos tiempos, suscitó grandes expectativas que no se han podido cumplirse a cabalidad.

Prueba de ello es que las esperadas transformaciones más trascendentes, en materia de función pública, han quedado pendientes y truncadas por los procedimientos en la aprobación de las leyes que los sustentarán.

El Consejo Nacional de la Magistratura ha caído en un vacío jurídico por la controversia surgida en torno a la forma en que su ley orgánica fue aprobada por mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Entre las voces más autorizadas que se han pronunciado al respecto, figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la cual sostiene que la ley se cayó, porque no fue aprobada por un voto calificado y en consecuencia debe ser sometida nuevamente.

A esto se suma la indefinición que también afecta al Tribunal Constitucional, cuyas observaciones de parte del Poder Ejecutivo fueron no conocidas y en la actualidad está en estudio en una comisión de la cámara baja, además de que en los tribunales superiores aún falta designar 34 jueces.

Otro aspecto preocupante es que al parecer no existe tampoco el imperativo político para la conformación de ese tribunal, ya que según algunos analistas, el factor que más influiría en esa dirección, el movimiento reeleccionista, se esfumó cuando el presidente Fernández declinó a esa aspiración en abril pasado.

Estamos, pues, en medio de un conflicto de ribetes no solo jurídicos, sino también políticos, que sólo se resolverá con un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas con representación congresual.