La falta de mecanismos legales para castigar a quienes causan depredaciones en la foresta nacional es una debilidad institucional que amerita urgente atención para impedir que áreas boscosas sean presa de gente desaprensiva que se dedica a talar, provocar incendios y realizar extensos desmontes. 

Por dejadez e inconsciencia, es un problema que se ha extendido durante décadas, con graves consecuencias sobre el medio ambiente y los recursos hídricos.

Un ejemplo de este tipo de crímenes ecológicos lo ofrecen en este momento las montañas de Polo, Barahona, desoladas y con el peligro de sufrir un proceso de erosión, por los efectos de un fuego causado para someter las tierras a la siembra de guandules y otros productos agrícolas.

Además del daño a la floresta, con el consecuente trastorno al régimen de lluvias, se ha cometido un crimen adicional, porque los incendios afectan las zonas donde nacen los principales ríos de Barahona.

Apoyamos el planteamiento del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido principalmente a los legisladores, para la creación de una ley que permita imponer drásticas sanciones a quienes dañen el ecosistema.