La práctica inveterada en la política dominicana de legislar o tomar medidas administrativas en favor de un sector en particular es odiosa, injusta y contraproducente, porque va en desmedro del principio básico y democrático de la igualdad ante la ley, tanto en derechos como en deberes.

Además de injusto, este procedimiento es irritante y motivo de justificadas críticas, aun en aquellos casos en que se invoquen argumentos de interés general, como se ha hecho para justificar las exoneraciones del gasoil a choferes que amenazaban con elevar los pasajes por los altos precios de los combustibles.

Como era de esperar, otros sectores de transportistas privados no beneficiados con esa disposición han elevado sus quejas y reclamado igual tratamiento, en el entendido de que tienen derecho, al padecer también los efectos locales del alza del petróleo en el mercado internacional.

De seguir por esa pendiente de subsidios, ascenderá a 144 millones de pesos el dinero que el Gobierno transferirá durante tres meses a sindicalistas del transporte a través de la exoneración de impuestos para evitar aumentos en los pasajes y tarifas de carga.

Aunque el propósito es impedir una carga más en los presupuestos de los ciudadanos de escasos recursos que utilizan la transportación pública, el método utilizado sienta un mal precedente, provoca malestar en la ciudadanía y además no garantiza una invariable estabilidad en el precio actual de los pasajes.

De hecho, ya algunos dirigentes del transporte han comenzado a advertir que de continuar las alzas en el crudo, el subsidio al gasoil debería ser otorgado en una proporción mayor y más allá de los tres meses previstos originalmente.

Otro argumento atendible y de mucho peso para cuestionar esta disposición selectiva es el establecimiento de un privilegio que se presta, además, a distorsiones e irregularidades, como ha ocurrido en el pasado con la entrega del llamado bonogás.

El Gobierno debería reconsiderar este mecanismo de desprenderse de sumas millonarias que recauda en impuestos y que deben beneficiar a la población en general.