El estado de derecho, vale decir la vigencia de los derechos ciudadanos y la posibilidad de ampararse en la ley para defenderlos cuando son violados, solo se convierte en realidad efectiva cuando se cumple plenamente en la práctica.

Esta prerrogativa fundamental, consagrada en la Constitución y las leyes adjetivas, rige por igual para entidades comerciales e inversionistas que operan en diferentes áreas de la economía de bienes y servicios.

Por todo esto, mueve a profunda preocupación la situación de inseguridad, desprotección y perjuicios económicos que afecta a centros hoteleros de la región Este, debido a lo que se ha denominado “embargos-asaltos”.

Se trata de una nueva modalidad delictiva,   protagonizada por abogados laborales que utilizan alguaciles y turbas que irrumpen en los resort, según se observa en un video grabado durante el asalto a uno de los complejos turísticos.

Realmente resulta inexplicable que en las primeras quince semanas de este año se hayan producido siete casos de esta grave anomalía y que, ante la indiferencia o inacción de las autoridades, se corra el riesgo de que se repitan de forma ilegal, impune y atropellante.

De acuerdo a la denuncia hecha por la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, aunque los embargos se amparan en sentencias dictadas en El Seibo, las ejecuciones son anómalas porque las empresas no son previamente notificadas para evitar que puedan constituir defensa en cada uno de los procesos judiciales.

En este sentido, habría que preguntar: ¿hasta dónde se corresponde con los procedimientos legales que un tribunal dictamine acerca de litigios y conflictos que envuelven personas y entidades radicadas fuera de su regular esfera de acción jurisdiccional?

Otra interrogante no menos relevante: ¿cómo se permite que la presencia indispensable y regular de la fuerza pública sea sustituida por bandas de asaltantes para incautarse y destruir la propiedad privada y servir de presión para el pago de rescates en efectivo?

En todo esto está envuelto no solo la suerte de los hoteleros, sino la buena imagen del país como destino seguro para la inversión extranjera.