El reciente desmantelamiento de una red que estafó a varias personas y empresas con más de mil millones de pesos ha venido a subrayar la magnitud alcanzada por la falsificación de títulos de propiedad en la región Este del país.

Aunque se trata de una práctica fraudulenta de vieja data y denunciada con insistencia por años sin que haya tenido mayores consecuencias para los estafadores, es importante que se le asestara esta vez lo que parece ser un golpe de envergadura.

El hecho comprobado de que involucrara a abogados, notarios públicos y ex empleados de la jurisdicción inmobiliaria de Higüey, da una idea de cómo se urden complicidades y de la forma en que el afán desmedido de lucro lleva a cometer fechorías de todo género.

Como se trata de un asunto que va ahora al ámbito judicial, lo importante es que desde el Ministerio Público se le dé el debido seguimiento, a fin de establecer el sustento de la llamada cadena de pruebas en contra de los imputados.

En este y otros procesos similares en que se han cometido fraudes millonarios, en no pocas ocasiones los acusados logran sentencias benignas y hasta absoluciones, basadas generalmente en expedientes mal instrumentados.

A raíz de este contundente golpe a los falsificadores de títulos de propiedad, las autoridades han revelado que no se trató de algo fortuito, sino el producto de una labor apoyada por un eficiente sistema tecnológico y de organización.

De ser así, hay que celebrar que por fin se haya podido articular un medio de detección de tales características, en un trabajo mancomunado con la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.

La disminución en los casos de falsificación, que se atribuye al nuevo  método aplicado en los últimos tres años,  constituye una noticia alentadora para inversionistas y el sector hotelero, víctimas de mafias que operaban impunemente.