Con la muerte de Julio Ibarra Ríos, acaecida ayer en una finca de Bayaguana, en compañía de su familia, desaparece un profesional del derecho que se caracterizó por la defensa de la libertad y la lucha contra abusos e injusticias.

Hombre de firmes convicciones, sus ideas en esos dos vitales aspectos de la vida las defendió con entereza e hidalguía, tanto en la esfera
pública como en el ejercicio profesional privado.

El amor por la libertad y la decisión de luchar contra cualquier forma de opresión era un asunto de familia, ya que su hermano Luis cayó en Las Manaclas, en San José de las Matas, junto a Manolo Tavárez Justo y otros 12 arrojados combatientes, en noviembre de 1963, en una insurrección armada que buscaba derrocar al gobierno de facto del Triunvirato.

Su primera gran prueba como servidor público la pasó con notas sobresalientes cuando al ocupar la Fiscalía del Distrito Nacional, durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán, realizó una gestión de puertas abiertas, hasta entonces desusada e inconcebible en una posición de este tipo.

Pero lo más importante de su comportamiento en ese cargo fue que introdujo cambios drásticos para agilizar trámites y enfrentar viejas prácticas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

Los logros realizados desde el Ministerio Público para evitar atropellos y la comisión de injusticias fueron tan apreciados en la ciudadanía y en distintas entidades que se le llegó a llamar “el fiscal del pueblo”.

Para ejercer esas funciones con tal grado de integridad contó con el respaldo de la prensa, con cuyos miembros cultivó una estrecha relación, a tal punto de que durante años laboró también como comentarista radial.

Desde joven dio muestras de su interés por el estudio y de una vocación de servicio a los demás que lo llevó luego a ejercer el magisterio en la Escuela Normal de su natal San Pedro de Macorís.

La Suprema Corte de Justicia ha perdido a un juez de gran valía y el país a un ser humano auténtico. Paz a sus restos.