Las obras de infraestructura que están llamadas a generar mano de obra y a impulsar el desarrollo, sobre todo en regiones empobrecidas, merecen total apoyo, pues se inscriben dentro de los verdaderos planes de progreso y de equidad social.

De ahí el gran entusiasmo que ha producido en la región Suroeste la aprobación por el Senado del contrato comercial para el estudio, diseño, construcción y gestión de financiamiento del proyecto múltiple de la presa de Monte Grande.

Después de un proceso que parecía interminable y de superar múltiples escollos, sus habitantes ven ahora cercano el sueño, largamente anhelado, de que se inicie una obra que ha figurado entre las mayores prioridades de la zona.

El anuncio de la aprobación ha tenido gran acogida en Bahoruco, Independencia, Pedernales, Azua y Barahona, provincias que recibirán el impacto directo de las obras, que han contado también con el respaldo de la Iglesia católica y de otras organizaciones de la sociedad.

La importancia del proyecto es innegable, ya que la presa generará unos 2,500 empleos directos durante su ejecución, 1,000 plazas para la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego, 12,500 nuevos empleos permanentes en la actividad agrícola en las zonas de bajo riego, y nuevas fuentes de trabajo y producción de pesca.

El proyecto contempla, además de la presa misma y de sus obras conexas, la rehabilitación del dique Santana,  redes de riego en las márgenes del Yaque del Sur, así como obras de control de inundaciones y un mejor suministro de agua potable.

Entre los impactos de significación se han señalado la ampliación de las áreas bajo cultivo en más de 300,000 tareas y el mejoramiento del riego en otra área superior a las 400,000 tareas que actualmente es irrigada con precariedad, con lo que se espera incrementar las cosechas y la productividad.

Ahora, lo importante es que la obra sea ejecutada dentro de los parámetros previstos y que cumpla con todas las expectativas generadas en el Suroeste.