Estados Unidos, que reconoció recientemente los avances logrados por las autoridades dominicanas en la lucha contra el narcotráfico y sus agentes locales, debería animarse a intensificar su ayuda económica y logística para que esos logros sean aun mayores.
Además de los periódicos informes que emite el Departamento de Estado, que en ocasiones confirman la percepción que se tiene sobre el alcance de este flagelo, el gobierno norteamericano dispone de valiosa información para hacer más efectivo un combate que debe ser una gran cruzada a nivel nacional.
El más reciente informe estadounidense es una muestra precisa de este nivel de conocimiento sobre trazas de vuelos sospechosos, rutas, puertos de partida usados por el narco desde América del Sur y otros muchos datos de inteligencia.
En cuanto al reconocimiento de las autoridades norteamericanas, resulta justo y alentador, pero no puede llevarnos a dormirnos en nuestros laureles, porque los narcos no descansan en su criminal comercio, que no se limita ya a usar como puente a la República Dominicana, sino que incluye también pagos en naturaleza, lo que ha estimulado el microtráfico en muchos barrios humildes.
Esto se evidencia con frecuencia a través de la violencia delictiva y criminal protagonizada por bandas que se disputan el control de puntos de distribución y que lleva a protagonizar sangrientos ajustes de cuenta.
El combate en esta modalidad se torna más complicado, entre otras cosas, porque se utilizan menores de edad que, de acuerdo a la ley, no pueden ser procesados con el rigor deseado y en proporción con la gravedad de sus acciones.
Otro aspecto preocupante es el sistema de corrupción y de complicidades en que se ven envueltos miembros de cuerpos armados que están llamados a combatir el crimen organizado de forma firme y frontal, aunque es justo reconocer que han obtenido avances importantes en el proceso de depuración y profilaxis.
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