Las autoridades nacionales no acaban de comprender la urgente necesidad de estructurar una verdadera política de Estado frente a la problemática que plantea la creciente inmigración de haitianos indocumentados.

Las deportaciones ocasionales no responden a un bien articulado plan y aunque son un indiscutible ejercicio de soberanía, por la forma improvisada en que suelen realizarse, se prestan a críticas de entidades locales e internacionales que aducen abusos y violaciones a los derechos humanos.

Mientras llega una esperada normativa que dé carácter y un mejor manejo a este espinoso tema, se desconoce el peligro que representan las medidas tomadas por juntas de vecinos de Santiago y de otras zonas del país para desalojar de sus entornos a grupos de ilegales haitianos.

El uso de la acción directa es un mal precedente, ya que puede crear un clima de animadversión entre dominicanos y haitianos y generar peligrosas confrontaciones.

En modo alguno se puede permitir que la gente aplique por cuenta propia disposiciones que competen a organismos oficiales, aunque es comprensible la desesperación por un problema en constante aumento y al que no se le presta la debida atención.