Los regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional han actuado finalmente con sensatez y racionalidad al desistir del intento de aplicar, de forma abusiva, nuevos arbitrios que vulneraban principios constitucionales.

En este caso se diría que no solo han sido receptivos a múltiples protestas, sino que llegaron a tener conciencia plena de la revolución que desatarían en todos los estratos sociales, de haber seguido adelante con el descabellado propósito de cobrar por el uso del suelo en solares y viviendas.

En efecto, ¿cómo pretendían estos regidores, coaligados de diferentes bancadas partidistas, que los munícipes capitaleños aceptaran tranquilamente que el cabildo les impusiera el pago de arbitrarios impuestos, que por demás son potestad exclusiva del Congreso Nacional?
¿Por qué antes de aprobar la resolución en virtud de la cual se buscaba penalizar con más cargas a los habitantes del Distrito Nacional, en momentos en que enfrentan apreciables aumentos en el costo de la vida, no se advirtió que esta decisión chocaba con la ley que establece un impuesto por vivienda suntuaria a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)?

¿Por qué en los debates previos a la aprobación no se impuso el buen juicio para advertir lo improcedente de la medida, ya que infringía abiertamente el ordenamiento jurídico nacional al fijar una doble tributación por un mismo concepto?

Aunque en un momento dado parecía que la queja más marcada provenía del sector hotelero, que fue uno de los más activos en rechazar los citados arbitrios, en realidad el Ayuntamiento se exponía a causar una generalizada oposición que podría haber alcanzado en la práctica proporciones muy preocupantes.

Ojalá que esta experiencia evite cometer otros despropósitos que, además de trastornadores, son fruto de una alocada improvisación en la insaciable búsqueda de recursos, más allá de toda razón o atendible justificación.